Fracaso de Protección: La Administración Biden Continúa con la Política Ilegal de Trump de Bloquear y Expulsar a los Solicitantes de Asilo al Peligro
Durante más de un año, el gobierno de Estados Unidos ha abusado de la autoridad de salud pública para expulsar y bloquear a familias, adultos y niños que buscan refugio en la frontera sur. Bajo la presión de funcionarios de la administración Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ignoraron las objeciones de sus propios expertos de mayor nivel y emitieron una orden bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos que está siendo utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para evadir la ley de refugiados de Estados Unidos, con el propósito supuesto de combatir el COVID–19. Esta política de expulsión, de la cual la administración Biden no logra darle termino; impide que los refugiados soliciten asilo en la frontera. Ilegal, inmoral e innecesaria en protección de salud pública, la política de expulsión ha provocado un coro de condenas de expertos en salud pública, juristas, exfuncionarios del gobierno, y miembros del Congreso.
A pesar de sus promesas continuas de revertir la crueldad del presidente Trump en la frontera, el presidente Biden continúa con una política que causa estragos: pone en peligro a los niños, impulsa las separaciones familiares y devuelve ilegalmente a los solicitantes de asilo al peligro, incluidos los refugiados negros y LGBT obligados a soportar la violencia motivada por prejuicios en México. Esta política también crea desorden y orilla a los solicitantes de asilo a cruzar a los Estados Unidos entre los puertos de entrada. En lugar de proteger la salud pública, la política de expulsión amenaza a la salud y la seguridad de los solicitantes de asilo y los migrantes.
Bajo esta política, el DHS impide que los solicitantes de asilo se acerquen a los puertos de entrada de EUA para buscar protección y expulsa a aquellos que cruzan la frontera en otro lugar, enviándolos a los países de los que huyeron o a fronteras peligrosas en México. A su favor, la administración Biden ha puesto a salvo a más de 6,000 de los solicitantes de asilo a quienes la administración Trump obligó a esperar indefinidamente en México bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), también conocidos como la política “Permanecer en México”. Sin embargo, al mismo tiempo, la administración Biden está abusando del Título 42 y así rechazando a las personas que buscan protección a esos mismos peligros que amenazan la vida. Human Rights First ha hecho un seguimiento de al menos 492 ataques y secuestros sufridos por solicitantes de asilo retornadoso varados en México desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero de 2021.
Al enviar a los solicitantes de asilo de vuelta al peligro sin evaluaciones de asilo, la administración no protege a los refugiados y viola con descaro las leyes y tratados de refugiados de Estados Unidos, haciéndolo mientras el mundo conmemora el 70º Aniversario de la Convención de Refugiados de 1951, parte del sistema global que Estados Unidos ayudó a construir para garantizar que los refugiados no sean entregados a la persecución.
El gobierno de Biden ha bloqueado y expulsado a familias y adultos solicitantes de asilo de Burkina Faso, Camerún, Cuba, El Salvador, Etiopía, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Nigeria, Rusia, Somalia, Venezuela y Yemen. Los solicitantes de asilo y migrantes africanos, caribeños y otros negros se han visto particularmente vulnerables por esta política, sufriendo violencia y discriminación contra los negros mientras permanecen varados en la frontera durante meses o incluso años. Desde febrero de 2021, el gobierno de EUA ha enviado 27 aviones con más de 1,400 adultos y niños haitianos, incluidos los solicitantes de asilo, de regreso directo a Haití a pesar de la creciente inestabilidad política y violencia.
Mientras que los niños no acompañados fueron exentos de la política (bajo las administraciones de Trump y Biden) a raíz de la protesta pública y una sentencia de tribunal federal, su uso continuo para adultos y familias ha llevado a familias desesperadas a enviar a niños solos para escapar de la violencia, las amenazas, la trata de personas y otros peligros. La negativa de México en algunas regiones fronterizas a acoger a familias con hijos menores de siete años ha evitado la expulsión ilegal de muchas familias. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha retenido cruelmente a otras familias en condiciones terribles antes de transportarlas a grandes distancias para expulsarlas a otras regiones de México.
La administración de Biden ha sugerido que está utilizando esta política de expulsión para ganar tiempo para poner en marcha un proceso completo y alcanzar otros objetivos legislativos. Estas justificaciones no son ni un uso adecuado de la autoridad de salud pública, así como no son razones válidas para violar las leyes de asilo que salvan vidas. Sin duda, la administración Biden enfrenta retos añadidos por el daño de la administración Trump hacia las capacidades de asilo e inmigración. Sin embargo, tres meses después de que el presidente Biden asumiera el cargo, Estados Unidos puede (y debe) restablecer rápidamente el asilo, emplear salvaguardias recomendadas por los expertos en salud pública, y trabajar simultáneamente para mejorar los procesos y las capacidades. Sacrificar la adhesión a la ley de refugiados de Estados Unidos y adoptar una política de la administración Trump que trata a las vidas humanas como prescindibles no son la respuesta.
Para este informe, los investigadores de Human Rights First realizaron entrevistas presenciales y a distancia con solicitantes de asilo, abogados de inmigración, investigadores académicos, personal humanitario y monitores legales. En marzo y abril de 2021, un investigador de Human Rights First, con la asistencia de Al Otro Lado, realizó entrevistas en persona en Tijuana a más de 110 solicitantes de asilo, incluidos algunos identificados por Haitian Bridge Alliance, que también facilitó la interpretación en criollo haitiano. Otras entrevistas se realizaron en árabe, inglés, francés y español. El informe incluye datos de una encuesta electrónica de más de 1,200 solicitantes de asilo en el estado mexicano de Baja California realizada por Al Otro Lado entre febrero y principios de abril de 2021, así como información extraída de datos del gobierno de Estados Unidos y México, medios de comunicación e informes de derechos humanos.
Este informe se basa en informes anteriores de Human Rights First en Mayo de 2020 y Diciembre de 2020, realizado por Haitian Bridge Alliance, Instituto para las Mujeres en la Migración, y Center for Gender & Refugee Studies in Enero de 2021, y por Haitian Bridge Alliance, UndocuBlack Network, y Quixote Center en Marzo de 2021.
