Funcionarios Colombianos Acusan a Defensores de Derechos Humanos Sin Fundamento

Nuevo informe revela que investigaciones espurias intentan silenciar a activistas.

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Nueva York y Bogotá – Las investigaciones criminales sin fundamento por parte de fiscales ponen en peligro las vidas de los defensores de derechos humanos Colombianos e intentan desacreditar sus labores, anunció la organización internacional de derechos humanos, Human Rights First, en un nuevo informe.

"En un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad, la tenacidad de los fiscales Colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante," declaró el informe.

El nuevo informe, Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: presos y señalados en Colombia, publicado hoy, documenta 32 casos individuales de procesos penales infundados en contra de defensores de derechos humanos. Por primera vez, este informe indica que el problema es sistémico e incluye un análisis detallado de los alegatos de la defensa, las resoluciones de los fiscales y las sentencias.

"Los fiscales lo hacen al revés. En vez de abrir casos de cargos espurios en contra de los defensores de derechos humanos, los funcionarios públicos deben reconocer que los defensores fortalecen la democracia Colombiana," señaló Andrew Hudson, asociado senior del Programa de Defensores de Derechos Humanos. "El señalamiento sin fundamento de activistas de derechos humanos como terroristas es un problema generalizado que requiere una respuesta comprehensiva del estado."

Si bien no sólo los defensores son investigados falsamente, su persecución como grupo se distingue por el carácter de los cargos y los métodos para recoger y falsificar la evidencia. Por lo general son acusados de rebelión y pertenencia a las organizaciones guerrilleras con base en el testimonio falso de excombatientes y archivos de inteligencia inadmisibles como evidencia. Mientras que los fiscales locales son los que llevan a cabo estas investigaciones, la Fiscalía General de la Nación de Colombia también resulta responsable por su inactividad frente a esta práctica tan generalizada. Además, el gobierno Colombiano es responsable por hacer declaraciones públicas provocativas que fomentan ataques contra los defensores de derechos humanos.

Pese a que existe un nuevo Código de Procedimiento Penal en Colombia, la detención arbitraria de los activistas de derechos humanos continúa. En casi todos los 32 casos documentados en este informe, un fiscal o juez que revisó el caso eventualmente declaró que la investigación nunca debió haber sido iniciada e incumple con los estándares m&aaacute;s mínimos del debido proceso.

Sin embargo, cuando los cargos son finalmente desestimados, los defensores de derechos humanos puedan haber pasado meses o años defendiéndose y queden estigmatizados peligrosamente como terroristas o guerrilleros. Existen casos de defensores de derechos humanos que han sido puestos en libertad tras acusaciones falsas, solo para ser atacados o incluso asesinados por paramilitares.

"Los procesos penales infundados deben ser evitados antes de que el daño esté hecho," indicó Hudson. "Es tiempo que el Fiscal General introduzca reformas para enfrentar la corrupción y los fiscales excesivamente entusiasmados."

Entre muchas otras recomendaciones, el informe insta a que las autoridades Colombianas:

• apoderen a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General a revisar todas las investigaciones criminales en contra de defensores de derechos humanos, a cerrar aquellas que resulten infundadas, y a poner en libertad inmediatamente a todos los defensores detenidos injustamente;
• abran procesos penales en contra de los fiscales que hayan violado la ley al investigar infundadamente a defensores de derechos humanos;
• cesen el uso de testimonio coaccionado o preparado por los fiscales y de archivos de inteligencia como base para abrir investigaciones criminales en contra de los defensores; y
• se abstengan de hacer declaraciones que señalan a los que realizan el trabajo en defensa de los derechos humanos como guerrilleros.

"Como uno de los principales financiadores de las reformas judiciales, el gobierno Estadounidense puede y deber jugar un papel en ayudar a Colombia poner un fin a esta peligrosa práctica," indicó Hudson. La legislación de los Estados Unidos que regula la ayuda externa a Colombia para el 2008 designó $20 millones a la Fiscalía General como parte de más de $500 millones de ayuda.

Las recomendaciones para el gobierno de los Estados Unidos presentadas en el informe incluyen:

• USAID y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deben apoyar al Fiscal General de Colombia en su veeduría y seguimiento de todas las investigaciones en contra de los defensores de derechos humanos; y
• El Congreso Estadounidense debe, en las leyes que regulan la asistencia económica a Colombia, condicionar tal asistencia a que las fuerzas armadas colombianas no participan en violaciones de derechos humanos en contra de los defensores de derechos humanos.

Colombia es uno de los países más peligrosos en el mundo para los defensores de derechos humanos. Docenas de defensores son asesinados cada año, incluyendo sindicalistas, abogados, líderes indígenas, miembros de organizaciones no-gubernamentales, y líderes comunitarios y religiosos.

Para más información, contacte a:

Andrew Hudson (Inglés, Español): hudsona@humanrightsfirst.org +1 212 845 5278

Krista Minteer (Inglés): minteerk@humanrightsfirst.org +1 212 845 5207

Lea el informe: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colombia-esp.pdf

Lea el resumen ejecutivo: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colom-1pager-esp.pdf

Sobre el trabajo de Human Rights First en Colombia diríjase a: http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_colombia/hrd_colombia.aspx?c=c1

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